Ocurrió en un acto organizado por Servimedia y Plena Inclusión. La ministra, acompañada de la responsable del Departamento Jurídico de Plena Inclusión España, Inés de Araoz, Macu Blanco, madre de un joven con discapacidad intelectual alumno del colegio San Ignacio de Loyola y el director de Aleph-TEA, Pedro del Río, se comprometió a dar “un impulso” a la educación inclusiva “sin prisa pero sin pausa”. El primer paso, desde su perspectiva, sería volver a aprobar la reforma educativa que el Consejo de Ministros mandó al Parlamento en febrero para derogar la ley vigente, la Lomce, impulsada por el PP.

El proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) apunta, en su disposición adicional cuarta, a desarrollar un plan para que “en el plazo de diez años”, según pide la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

“Este proceso ha sido lento y hay que darle un impulso”, reconoció Celaá, que apunta a que “lo primero” debe ser el desarrollo de la legislación que el Gobierno ha puesto “en pista” y con el real decreto que la desarrolle “para que tenga un plan”. “Y luego con mucha participación, es decir el acuerdo entre centros, familias y organizaciones”, pues “es una cuestión muy compleja” y que “no se puede hacer desde arriba”.

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